sábado, 15 de mayo de 2010



Bourns y 16 políticos locales ¡CUPABLES!



Por: Ulises Gutiérrez Ruelas
El ex gobernador Eduardo Bours Castelo, el ex alcalde Ernesto Gándara Camou, el actual procurador Abel Murrieta Gutiérrez, el ex secretario del Ayuntamiento Miguel Angel Murillo Aispuro, el ex director de protección civil Wilebaldo Alatriste, así como el ex secretario de gobierno Wenceslao Cota Montoya, fueron algunos de los políticos que fueron encontrados culpables casi por unanimidad en el segundo segmento del Juicio Ciudadano por la tragedia en la Guardería ABC y sentenciados a una inhabilitación política, sanciones administrativas así como a que se les finquen procesos penales por el incumplimiento de su deber.

Al cumplirse 11 meses de la tragedia en la Guardería ABC, que cobró la vida de 49 niños, integrantes del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, realizaron en Hermosillo el segundo segmento del Juicio Ciudadano, en esta ocasión en contra del ex gobernador priísta Eduardo Bours Castelo, al ex presidente municipal Ernesto Gándara Camou, así como 14 de sus ex colaboradores en el gobierno estatal y municipal, acusados de la comisión de actos de corrupción, negligencia y tráfico de influencias que desembocaron los efectos del incendio en contra de la niñez sonorense.

El juicio se realizó frente al Palacio de Gobierno Estatal, al cual acudieron aproximadamente 800 personas, entre ellas 325 como integrantes del jurado ciudadano, conformado por integrantes de la sociedad civil quienes durante el mes previo se inscribieron en la mesa instalada por el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, en la Plaza Zaragoza, como requisito para participar en el proceso.

Desde el principio los organizadores destacaron que el juicio desemboca en resoluciones que tienen implicaciones sólo de caracter moral. El proceso fue encabezado por el juez ciudadano José Luis Soto Munguía, doctor en ciencias penales y profesor universitario; Isabel Cristina Tadei Bringas, en el caracter de secretaria ciudadana; el fiscal ciudadano Ramiro Avila Godoy; así como el abogado defensor de oficio, Gustavo Lorenzano Durán (ya que los acusados no enviaron representación).

El proceso inició con la exposición de los delitos de que fueron acusados entre otros Eduardo Bours Castelo, en su caracter de gobernador el día de la tragedia, Wenceslao Cota Montoya, como secretario de gobierno estatal, Wilebaldo Alatriste Candiani, como director de protección civil estatal, así como Ernesto Gándara Camou, alcalde de Hermosillo, el secretario del ayuntamiento, Miguel Angel Murillo Aispuro, así como el director de protección civil municipal, Roberto Copado Gutiérrez y el jefe de bomberos, Martín Lugo Portillo.

“Con sus actos y omisiones propiciaron el trágico desenlace ocurrido hace 11 meses en la guardería ABC subrogada por el IMSS a personas sin ninguna idoneidad”, señaló el fiscal al exponer las acusaciones a los asistentes, a los 9 testigos de calidad así como un grupo de 20 padres de las víctimas.

“Los dueños de la guardería son personas con un nivel de influencia muy importante en las autoridades gubernamentales, tanto federales como locales”, añadió el fiscal.

Por su parte el abogado defensor mostró copias de documentos oficiales del IMSS, que supuestamente delimitaban las obligaciones de supervisión de las medidas de seguridad de la guardería, a las autoridades federales, con lo que aseguró, quedaba claro que las autoridades locales no tenían la responsabilidad directa sobre la operación de la guardería subrogada por el IMSS.

Los alegatos entre el abogado defensor y el Fiscal fueron constantes y en varias ocasiones el Fiscal se dirigió a los jurados para señalar la invalidez de los argumentos esgrimidos por el defensor de los funcionarios estatales y municipales, quien buscaba culpar a la federación y a los dueños por la tragedia.

Los organizadores del evento informaron que el tercer segmento del juicio ciudadano, que será en esa etapa dirigido en contra de los funcionarios federales que habrían incurrido en omisiones y actos de corrupción, se realizará en e Zócalo de la Ciudad de México el próximo 5 de junio, al cumplirse un año de la tragedia.

También se informó que se realizará una serie de marchas de protesta y en demanda de justicia en varias ciudades del país ese mismo día, marchas en el que se espera la particpación de decenas de miles de personas.

Además fueron sentenciados Gilberto Inda Durán, quien fuera Secretario de Hacienda, un subsecretario de ingresos de Hacienda Estatal, cuyo nombre no se publicó; Víctor Bonillas Murrienta, subprocurador de averiguaciones previas; Jesús Cortez Torres, agente del Ministerio Público; así como Ariel de la Puente Aguilar, titular del órgano de control y evaluación municipal.

Además estaban en la lista de quienes deben enfrentar sanciones administrativas Fausto Salazar Gómez, ex director de recaudación estatal, Miguel Eugenio Lohr Martínez, ex director general de administración de hacienda estatal, Eliseo Morales, ex coordinador de Bienes y Concesiones, Patricia Arguelles Canseco, ex directora general de auditoría gubernamental, así como Roberto Copado Gutiérrez, ex titular de Protección Civil Municipal y Martín Lugo Portillo, ex titular de bomberos.

Los más de 350 jurados levantaron sus cartulinas rojas para declarar culpables a los acusados, con unas pocas excepciones, pero en el caso de Roberto Copado, Abel Murrieta Gutiérrez, Eduardo Bours y Wilebaldo Alatriste, fue más evidente que ni una sola cartulina verde fue levantada a su favor.

De los políticos encontrados culpables, actualmente se encuentran en funciones el procurador Abel Murrieta Gutiérrez y el titular del órgano de control y evaluación municipal Ariel de la Puente Aguilar, por lo que se hicieron exhortos al Congreso Estatal, al Gobierno de Sonora y al Gobierno Municipal, a separar de sus cargos a ambos funcionarios.

Fuente: Dossier Político